Es posible que, caso de verme ante el hipotético asesino de mi padre o de uno de mis hermanos, deseara estrellar mi puño contra él hasta perder el aliento. Comprensible en mi rabia y mi dolor, asistido de la razón humana (el ojo por ojo es la moneda de cambio más antigua de nuestra especie), mi condición de parte directamente afectada por su criminal desempeño me inhabilitaría para ejercer cualquier forma de razón legal que juzgara dicho crimen. O, de paso, fechorías de corte similar.
Porque la sociedad debe conducirse con una sensibilidad especial ante las víctimas, y particularmente porque el de manifestarse es un derecho constitucional, nada puede objetarse a la marcha de la AVT a celebrar el próximo sábado en Madrid: los hijos e hijas y viudos y viudas y padres y madres de los muertos de ETA que así lo crean conveniente están en su derecho de solicitar no sólo que el gobierno aparque cualquier negociación con los asesinos de sus seres queridos, sino que endurezca sus condenas y hasta que restablezca la pena capital. Pero el derecho humano puede encontrarse bastante alejado del derecho moral o del derecho legal, y es a instancias más objetivas que corresponderá considerar lo justo o no de las diferentes reivindicaciones. En un estado ideal, tales instancias se hallarían libres de todo interés partidista o desviación personal, pero esa es otra historia. Quede sentado al menos que el sufrimiento no suele conducir a la clarividencia, que el mal ya realizado no puede comprometer un futuro bien común. El chantaje no debe condicionar la agenda política, pero tampoco debe hacerlo el luto.
Del mismo modo que algunas víctimas hablan, hay víctimas que callan. También están en su derecho, aunque recientemente algunos magistrados no parezcan opinar así. Tras el (nuevo) espectáculo del juez Pedro Martín, leo en La Vanguardia que la imputada en un caso de abusos a menores ha sido absuelta al no presentarse a declarar la niña que (supuestamente) había sufrido dichos abusos. Desviaciones personales al margen (porque en el gremio de la toga, como en todas partes, hay manzanas podridas), algo falla en nuestro sistema penal si establecemos como condición sine qua non del castigo que la víctima tenga que revivir una y otra vez (ante sus familiares, ante la policía, ante los psicólogos y ante el jurado, aquí en presencia de su verdugo) la tortura de que fue objeto. No existe posibilidad de justicia cuando se pierde el respeto por el individuo. Y no hay individuo más respetable, a la par que necesitado de respeto, que aquel que sufre.
Porque la sociedad debe conducirse con una sensibilidad especial ante las víctimas, y particularmente porque el de manifestarse es un derecho constitucional, nada puede objetarse a la marcha de la AVT a celebrar el próximo sábado en Madrid: los hijos e hijas y viudos y viudas y padres y madres de los muertos de ETA que así lo crean conveniente están en su derecho de solicitar no sólo que el gobierno aparque cualquier negociación con los asesinos de sus seres queridos, sino que endurezca sus condenas y hasta que restablezca la pena capital. Pero el derecho humano puede encontrarse bastante alejado del derecho moral o del derecho legal, y es a instancias más objetivas que corresponderá considerar lo justo o no de las diferentes reivindicaciones. En un estado ideal, tales instancias se hallarían libres de todo interés partidista o desviación personal, pero esa es otra historia. Quede sentado al menos que el sufrimiento no suele conducir a la clarividencia, que el mal ya realizado no puede comprometer un futuro bien común. El chantaje no debe condicionar la agenda política, pero tampoco debe hacerlo el luto.
Del mismo modo que algunas víctimas hablan, hay víctimas que callan. También están en su derecho, aunque recientemente algunos magistrados no parezcan opinar así. Tras el (nuevo) espectáculo del juez Pedro Martín, leo en La Vanguardia que la imputada en un caso de abusos a menores ha sido absuelta al no presentarse a declarar la niña que (supuestamente) había sufrido dichos abusos. Desviaciones personales al margen (porque en el gremio de la toga, como en todas partes, hay manzanas podridas), algo falla en nuestro sistema penal si establecemos como condición sine qua non del castigo que la víctima tenga que revivir una y otra vez (ante sus familiares, ante la policía, ante los psicólogos y ante el jurado, aquí en presencia de su verdugo) la tortura de que fue objeto. No existe posibilidad de justicia cuando se pierde el respeto por el individuo. Y no hay individuo más respetable, a la par que necesitado de respeto, que aquel que sufre.
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